El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado el Proyecto de ley de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales, que actualiza la política portuaria para dar respuesta a los nuevos retos del sector y reforzar la concepción de las instalaciones portuarias como operadores económicos y prestadores de servicios. Este proyecto de ley tiene entre sus objetivos principales poner las infraestructuras portuarias al servicio de la promoción económica industrial, logística, náutico-deportiva, pesquera, turística y social del país, tanto desde la vertiente pública como privada.

Catalunya, con 780 kilómetros de costa, tiene una gran vinculación económica y social con el mar, que se traduce en la existencia de un sistema portuario catalán, integrado por puertos deportivos, pesqueros, comerciales e industriales, con un importante desarrollo económico vinculado al turismo.

El crecimiento de la náutica deportiva como un elemento dinamizador y estratégico; la modernización del sector pesquero; el incremento del tráfico portuario comercial e industrial; la adaptación de los puertos catalanes a los requerimientos de las nuevas embarcaciones de gran eslora y del tráfico de cruceros; el incremento generalizado de la actividad económica vinculada al sector y la presencia de la iniciativa privada son los principales factores que han motivado el impulso de la nueva normativa.

El sistema portuario de Catalunya está integrado por 45 puertos de titularidad de la Generalitat. De estos 45, en la práctica totalidad -44- hay actividad náutica; en 18 también hay actividad pesquera; 5 tienen actividad comercial y 3 reciben cruceros.

La gestión de los puertos

El Proyecto de ley aprobado fija una nueva organización administrativa portuaria, por lo que el Departamento de Territorio y Sostenibilidad será el responsable de la planificación y la ordenación, y la empresa pública Ports de la Generalitat gestionará (directa o indirectamente mediante empresas concesionarias) todos los puertos del sistema.

La nueva normativa quiere promover el crecimiento de operadores y usuarios que desarrollen actividades generadoras de valor mediante unos servicios portuarios eficientes. Para generar más actividad económica y materializar nuevas inversiones en infraestructuras y servicios portuarios, el proyecto de ley fija un régimen jurídico contractual que pretende promover la colaboración público-privada (concesiones para la construcción de obra pública portuaria y concesiones de gestión portuaria).

El Proyecto de Ley de Puertos quiere atender también aquellos retos vinculados a la sostenibilidad ambiental de las infraestructuras portuarias y los servicios que se prestan.